Por Elsy Beleño
Además del inaceptable vandalismo, que en Colombia vimos durante las protestas realizadas en contra de la reforma tributaria, también observamos que, aunque el artículo primero de la Constitución contempla que el país es un Estado Social de Derecho, todo parece una quimera.
Sí, una quimera, cuando en las protestas, derecho de los ciudadanos, se incluyen elementos como la represión, la censura, los abusos y pensar en declarar el estado de conmoción interior. Esto no es un Estado Social de Derecho sino de arbitrariedades y más, cuando hay instituciones y funcionarios ausentes. Un Defensor del Pueblo que jugaba a las escondidas, mientras que en muchas ciudades, las marchas pacíficas se convertían en un escenario de vulneración de derechos, por denuncias de torturas, abusos policiales (sustentados en videos), amenazas, muertes y presuntas desapariciones, los cuales eran, simultáneamente, el plato fuerte y delicado. ¿Quién podría defenderlos?
Pero no se puede dejar atrás, el silencio al que se ha querido someter a la prensa. Según la Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP-, del 28 de abril al 6 de mayo, se registraron 115 ataques a los medios, entre los que se cuentan robo y eliminación del material; o la resistencia de las redes sociales, como Instagram y Facebook, para publicar historias sobre el paro; así como la “oportuna” caída del Internet en zonas de Cali el pasado 4 de mayo, donde las manifestaciones eran más fuertes.
El problema de toda esta anarquía, en la que el país se ha sumergido, es consecuencia, como siempre, de anteponer los intereses particulares y no los colectivos, de no tomar decisiones oportunas y que nuestras instituciones y gobernantes, no actúen con sensatez.
Por solo poner un ejemplo, Carlos Maya, alcalde de Pereira, invitaba a “gremios y a miembros de la seguridad privada a formar un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, cuando los desmanes estaban en su máxima expresión. Uno no sabe si hizo esa convocatoria con doble intención, por apasionamiento o desconocimiento de la historia, cuando el país ha sufrido las barbaries y atrocidades de este tipo de iniciativas, con grupos al margen de la ley que surgieron como una estrategia de lucha estatal contrainsurgente.
Sin embargo, este caos para el presidente, Iván Duque, “es producto un terrorismo financiado por el narcotráfico”, pero no del producto de la desigualdad que siempre ha golpeado al país, de discursos incendiarios, del miedo reprimido, de la desconfianza institucional y de tanta impotencia que guardan los colombianos por las injusticias que se cometen delante de sí, cuando quienes ostentan el poder se aprovechan de los más ‘débiles’.
Es vergonzoso, que nuestro país esté en el ojo de los cuestionamientos de la comunidad internacional, porque el Gobierno con sus organizaciones y organismos, no se pellizca como debe ser, para garantizar los derechos y las libertades de las que tanto se hablan en nuestra completa Constitución colombiana; que al mirarla, en la práctica, más parece un libro de retórica porque en estos días, nuestra nación democrática, se ha asemejado a Venezuela, la República tan criticada por algunos y temida por otros, alejándose de los principios establecidos en nuestra Carta Magna.
